"¡Queremos conversar con el Estado!"
Ivan Fuentes.
dotada de un poder de mando originario
y asentada en un determinado territorio"
Georg Jellinek, Teoria General del Estado.
Escrito por Tomás J. Caroca Aracena
Es de conocimiento público la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra unos manifestantes que incendiaron una micro policial en Aysén, y está en la memoria colectiva el uso de esta ley en contra de mapuches, estudiantes y protestantes civiles a lo largo de la historia.
Lo desconocido en la opinión pública pero concepto claro que corre de boca en boca por debajo de cada uno de los movimientos sociales que han surgido en por lo menos estos últimos 10 años es la persecución y represión política y policial encarnada en solo un concepto: el Terrorismo de Estado.
Si bien es cierto que la LSE está creada para velar por el orden, la seguridad, la paz y el correcto funcionamiento del Estado en su conjunto, hoy en día es la principal herramienta de este gobierno de derecha para intentar suprimir cualquier sublevación social que atente contra las características neoliberales que este mismo gobierno defiende, y es aquí en donde se pierden los límites, donde la ley como herramienta procuradora de justicia pasa a ser la herramienta principal para la búsqueda de la abolición completa de la organización y politización social.
Con estos antecedentes es fácil hacer un análisis de la situación coyuntural, el gobierno se vuelca (nuevamente) contra la sociedad a la que “representa”, utiliza todos los medios que están a su alcance y al final torna una situación compleja, de protesta y de acción colectiva en algo tan simple y soberbio que cala en la opinión pública como un “aquí no pasa nada” y “hay que velar por el orden, es bueno que juzguen a estos delincuentes”.
Todo esto es el significado político del Terrorismo de Estado, la fuerza policial, militar (1973) y todo el espectro legal son usados en contra de la sociedad, que cada día discute, toma conciencia y actúa colectivamente en pos de una demanda totalmente legítima y de bienestar para todos.
Sebastián Piñera, Hinzpeter, Von Baer, Chadwick, Longueira, Larraín, Coloma y muchos más de todo el espectro gubernamental (o empresarial?) son los que caen en el peor crimen que se puede cometer, hacerse los lesos ante las demandas sociales y tratar de reforzar esta deteriorada institucionalidad y de mantener esta viciada e insignificante democracia. ¿Serán ellos los terroristas de estado? ¿Tendrá fin la política de persecución y represión hacia la sociedad?
Estas son las preguntas que el mismo pueblo debe encargarse de responder, y nosotros como comunistas tenemos el deber de reconocer en cada uno de estos acontecimientos una expresión de la contradicción fundamental de este periodo, que es la que nos lleva y motiva en la búsqueda de la democracia que nuestra sociedad necesita.
El 11 de Marzo se cumplieron dos años del gobierno de Sebastián Piñera y la derecha conmemoraba su ascenso al poder ejecutivo como si hubieran razones para hacerlo, evidenciando su absoluta lejanía con la sociedad. Porque hasta la fecha, al menos el 58% desaprueba la gestión del Presidente Piñera y ni siquiera mencionar el 61% de desaprobación del gobierno en su conjunto.
Esta rotunda desaprobación no es casual. Estamos ante un gobierno que ha intentado profundizar la imposición del modelo neoliberal frente a un pueblo que día a día se va organizando para recuperar los derechos que le han sido arrebatados para mantener la economía de libre mercado y concretamente, para mantener el bolsillo y las ganancias de los grandes saqueadores del país en desmedro de condiciones dignas de vida de millones de trabajadores, estudiantes y pobladores.
Un gobierno que no solo trata de profundizar el neoliberalismo que carcome a nuestra sociedad sino que reprime fuertemente a los movimientos políticos y sociales que día a día crecen, aglutinan actores, aumentan los niveles de organización social y en consecuencia, van haciendo sentido a la sociedad en general respecto a legítimas demandas de mayor justicia e igualdad en torno a los derechos sociales. La “nueva forma de gobernar” solo se ha preocupado de ignorar la voz del pueblo que despierta, se organiza y lucha por mejores condiciones de vida.
No ha de extrañar entonces que, hoy, este gobierno, a dos años de asumir, esté totalmente solo y aislado de la ciudadanía, a la cual no escucha y por lo tanto, con la cual ha sido incapaz de dialogar. No escuchó al mayor movimiento social que ha habido en Chile durante los últimos 20 años, movimiento que resquebrajó el mito neoliberal instalado en Chile cuestionando uno de sus pilares fundamentales: el lucro con un derecho social como lo es la educación. No ha escuchado las demandas de miles y miles de familias que tras el terremoto resultaron enormemente afectadas en su calidad de vida y más aun, ha intentado maquillar las cifras de la reconstrucción, intento infructuoso ciertamente, porque son miles y miles de chilenos los que hoy pueden dar fe que este proceso no ha llegado a gran parte de los afectados.
Ya entrando en el 2012, nos ha mostrado que su intransigencia sigue rumbo firme. Así como no escuchó al movimiento social por la educación, tampoco ha escuchado a un pueblo entero en Aysén.
Es claro que el gobierno ha optado por los intereses de los empresarios, avalado por estos y por Renovación Nacional y la ultra derecha de la política chilena, la UDI.
El absoluto aislamiento del gobierno y su sordera no tiene marcha atrás posible porque hoy la ciudadanía enarbola demandas que no tienen cabida dentro del actual modelo neoliberal frente a un gobierno que las únicas respuestas que se permitiría dar, para mantener intactos sus intereses, solo son respuestas dentro del marco neoliberal. Pero el pueblo está consciente de ello y es su deber cimentar las bases para avanzar hacia la construcción de una alternativa política que le permita recuperar los derechos sociales y la vida digna que todo ser humano merece.
Juventudes Comunistas de Chile
Santiago, 15 de Marzo de 2012