Escrito por Tomás J. Caroca Aracena
Es de conocimiento público la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra unos manifestantes que incendiaron una micro policial en Aysén, y está en la memoria colectiva el uso de esta ley en contra de mapuches, estudiantes y protestantes civiles a lo largo de la historia.
Lo desconocido en la opinión pública pero concepto claro que corre de boca en boca por debajo de cada uno de los movimientos sociales que han surgido en por lo menos estos últimos 10 años es la persecución y represión política y policial encarnada en solo un concepto: el Terrorismo de Estado.
Si bien es cierto que la LSE está creada para velar por el orden, la seguridad, la paz y el correcto funcionamiento del Estado en su conjunto, hoy en día es la principal herramienta de este gobierno de derecha para intentar suprimir cualquier sublevación social que atente contra las características neoliberales que este mismo gobierno defiende, y es aquí en donde se pierden los límites, donde la ley como herramienta procuradora de justicia pasa a ser la herramienta principal para la búsqueda de la abolición completa de la organización y politización social.
Con estos antecedentes es fácil hacer un análisis de la situación coyuntural, el gobierno se vuelca (nuevamente) contra la sociedad a la que “representa”, utiliza todos los medios que están a su alcance y al final torna una situación compleja, de protesta y de acción colectiva en algo tan simple y soberbio que cala en la opinión pública como un “aquí no pasa nada” y “hay que velar por el orden, es bueno que juzguen a estos delincuentes”.
Todo esto es el significado político del Terrorismo de Estado, la fuerza policial, militar (1973) y todo el espectro legal son usados en contra de la sociedad, que cada día discute, toma conciencia y actúa colectivamente en pos de una demanda totalmente legítima y de bienestar para todos.
Sebastián Piñera, Hinzpeter, Von Baer, Chadwick, Longueira, Larraín, Coloma y muchos más de todo el espectro gubernamental (o empresarial?) son los que caen en el peor crimen que se puede cometer, hacerse los lesos ante las demandas sociales y tratar de reforzar esta deteriorada institucionalidad y de mantener esta viciada e insignificante democracia. ¿Serán ellos los terroristas de estado? ¿Tendrá fin la política de persecución y represión hacia la sociedad?
Estas son las preguntas que el mismo pueblo debe encargarse de responder, y nosotros como comunistas tenemos el deber de reconocer en cada uno de estos acontecimientos una expresión de la contradicción fundamental de este periodo, que es la que nos lleva y motiva en la búsqueda de la democracia que nuestra sociedad necesita.
